Correa, China y la Asamblea, afectados por el informe de la deuda

(Published originally in Mediato)

Nathan Gill — 19 de Marzo de 2018

El informe borrador –el cual aún no es concluyente– de la Contraloría sobre la deuda pública, presentado el 14 de marzo pasado, es un triunfo estratégico para el presidente Lenín Moreno. No solo permite responsabilizar al expresidente Rafael Correa del despilfarro fiscal, sino que Moreno también puede hacer corresponsable a la Asamblea Nacional de futuros paquetes de austeridad. Además, el informe hace que sea más fácil para el Ecuador obtener concesiones de los prestamistas chinos a medida que renegocia la deuda onerosa.

Al oficializar que la deuda pública ha superado el límite legal del 40 por ciento del producto interno bruto, Moreno ahora está obligado por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas a implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal en cooperación con la Asamblea. Obligando a la Asamblea a aprobar el plan para reducir la deuda pública, Moreno puede hacer responsables a los legisladores y a Correa de las molestias sentidas por la ciudadanía, con lo cual diluye su responsabilidad política sobre las medidas tomadas.

De hecho, el centro de investigación guayaquileño Inteligencia Empresarial dijo el 16 de marzo que los niveles de deuda son tan altos (68 por ciento del PIB, según la Contraloría) que nuevos impuestos podrían ser inminentes para reducir el ritmo de endeudamiento público a tasas desfavorables para el país. A finales de mes, con el anuncio del nuevo plan económico, se verá qué decide el Presidente al respecto.

Moreno también ha expresado su deseo de renegociar una serie de préstamos respaldados por la venta futura de crudo que Correa negoció con China durante su último período presidencial. En octubre pasado, se informó que el ahora exgerente general de Petroecuador, Byron Ojeda, dijo que el Gobierno espera mejorar los términos de algunos de los acuerdos más onerosos. Este proceso se facilitó aun más la semana pasada luego de la presentación del informe de la comisión de deuda, el cual señala que algunos de los acuerdos con China carecen de la documentación requerida bajo la ley ecuatoriana. Si bien se vienen negociaciones duras, el informe de la Contraloría fortalece la posición del Ecuador.

Aún así, es una táctica arriesgada. Al cuestionar tan ampliamente la deuda, la comisión arroja sospechas sobre la legalidad de la deuda pública en un momento en el que el acceso continuo a los mercados de crédito es crucial para la estabilidad financiera del país a corto y largo plazo. Sin duda alguna, Moreno ha dejado claro que no planea repetir un incumplimiento en el pago de los bonos, como el que su nueva ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, declaró en 2008. Pero los acreedores deberán notar que cualquier futura emisión de bonos del Estado requiere de la aprobación conjunta de la Asamblea y del Presidente hasta que los niveles de deuda vuelvan ubicarse por debajo del límite máximo establecido del 40 por ciento del PIB.

Mientras continúan las investigaciones de la Contraloría, queda por verse hasta dónde llegará el Gobierno en el enjuiciamiento a Rafael Correa y su equipo económico por su papel en el endeudamiento del país. Mientras tanto, se espera que los políticos intenten poner tanta distancia como puedan entre ellos y las posibles consecuencias de las futuras medidas económicas.

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