(Published originally in Mediato)

La mina de oro y plata Río Blanco, atacada y quemada este mes por manifestantes de la comunidad, es emblemática en la industria minera ecuatoriana por todas las razones equivocadas.

Haciendo caso omiso a la resistencia de las comunidades locales, del Municipio de Cuenca y de la provincia del Azuay, el gobierno central del Ecuador autorizó a Junefield Mineral Resources Holdings Ltd., una empresa incorporada en 2008 con sede en Hong Kong, a construir y operar un complejo minero en un área ambientalmente sensible cerca del Parque Nacional Cajas. Cuando en 2016 las comunidades de la zona expresaron su preocupación por la posible contaminación de los acuíferos subterráneos, el gobierno se negó a realizar más pruebas y el ex vicepresidente Jorge Glas, ahora encarcelado por aceptar sobornos de una empresa extranjera, les dijo a los residentes que confiaran en él. No lo hicieron, y ahora, menos de un año después del inicio de la producción, la mina está suspendida, parte de sus instalaciones quemadas y cuatro manifestantes están en la cárcel.

¿Es así como la industria minera de Ecuador quiere ser conocida?

Al igual que en otros proyectos de los Andes, Río Blanco es un símbolo del papel clave que desempeña la violencia estatal en la minería regional. Aparentemente, además de explosivos, maquinaria pesada y cianuro, Junefield necesita 300 efectivos policiales y militares para extraer oro en la sierra ecuatoriana. Más al norte, en la comunidad de Intag donde la empresa minera estatal chilena, Codelco, trabaja con la Enami para explotar una mina de cobre, se encarceló a un líder local por diez meses debilitando la oposición al proyecto. En el suroriente, un líder indígena opuesto a otro proyecto minero fue asesinado en 2015 y su cuerpo arrojado a un río.

Acciones violentas como vimos este mes en Río Blanco hablan más fuerte que las palabras de apoyo del Gobierno para los mineros y sirven como una advertencia para otras compañías que podrían considerar invertir en Ecuador. Antes de la compra de la mina por Junefield, la compañía International Minerals Corporation de Canadá abandonó el proyecto en 2013 después de determinar que era inviable. Ese mismo año, la minera canadiense Fruta del Norte abandonó su proyecto y salió del país también. Tal vez no estaban dispuestos a usar la violencia para seguir adelante con sus proyectos. Desde entonces, las empresas mineras que más han avanzado son las que tienen vínculos con el ex presidente Rafael Correa y miembros de su administración.

Dada la magnitud de la corrupción bajo Correa, los ciudadanos tienen todo el derecho de sospechar de contratos como el de Río Blanco. Si el Gobierno de Ecuador quiere desarrollar una industria minera de clase mundial, tanto los funcionarios como las empresas deben escuchar las preocupaciones y demandas de los habitantes locales, asegurándose de tomar todas las precauciones necesarias. Si no pueden ser transparentes con la ciudadanía y garantizar el uso de las mejores prácticas internacionales, la violencia como la que hemos visto este mes en Río Blanco seguramente continuará.

By N. H. Gill
Chapel Hill, May 21, 2018