(Published originally in Mediato)

El referéndum del 4 de febrero fue significativo. En su nivel más obvio, le dio al presidente Lenín Moreno una sólida victoria política y al expresidente Rafael Correa una derrota asombrosa. Pero más allá de las reacciones en Quito, los votantes en las zonas mineras de la Sierra y el Oriente enviaron un mensaje inequívoco: aquí no.

Después del obvio apoyo en contra de la corrupción y los delitos sexuales, la propuesta más popular del referéndum fue prohibir la minería en áreas protegidas, con un 69% a favor a nivel nacional. Es importante señalar, como dijo mi colega Leonardo Sempérteguila semana pasada en Mediato, que “los temas tratados en la consulta no afectan de manera relevante el rumbo de estas actividades económicas”. Pero si tomamos los resultados a esta pregunta como una muestra de la actitud de la población hacia la minería, la política del gobierno de apoyar rotundamente a la industria minera parece ir en contra de la opinión pública.

Tomemos el caso de los cinco proyectos mineros emblemáticos propuestos por el gobierno: Fruta del Norte y Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe; Río Blanco y Loma Larga en Azuay; y San Carlos Panantza en Morona Santiago. Cada una de estas provincias mostró un apoyo significativamente mayor a la restricción de la minería que el promedio nacional, oscilando entre el 79% en Morona Santiago y el 72% en Azuay. En Napo y Pastaza, provincias familiarizadas con la explotación petrolera y señaladas como sitios futuros de exploración minera, más del 85% votaron en contra de la minería. Esos son números aleccionadores.

El gobierno de Ecuador a menudo describe a la minería como un eventual reemplazo del petróleo. La baja en los precios de los hidrocarburos y la fuerte dependencia del fisco en las ganancias provenientes de éstos explican la urgencia por atraer a los mineros. Pero sería cortoplacista ignorar a los votantes.

Violentas protestas al sureste del Ecuador en los últimos años subrayan la seriedad con que las comunidades luchan por proteger sus tierras y recursos hídricos. En el cantón Cotacachi, por ejemplo, hogar de las fincas de café orgánico del valle de Intag y sitio de la mina de cobre Llurimagua, los activistas locales han obligado a dos empresas a abandonar sus proyectos desde 1997. Más recientemente, el líder comunitario Javier Ramírez fue encarcelado en 2014 y han habido múltiples enfrentamientos con la policía para bloquear el acceso a la mina. Como era de esperarse, el 78% de los votantes en ese distrito favoreció la pregunta que prohíbe algunas actividades mineras.

Tal como lo demostró en 2016 el abandono del proyecto minero Conga de 5 000 millones de dólares de Newmont Mining Corp. en Perú, las protestas son efectivas y espectacularmente costosas. En Ecuador, los votantes han enviado un claro mensaje al gobierno y a su socio Codelco, la empresa minera estatal de Chile, para que procedan con cautela.

Si bien la reunión de la semana pasada entre representantes del Ministerio de Minería y la Conaie es positiva, como señala Sempértegui la confianza de la comunidad no puede darse por sentada; debe ganarse.

¿Continuará Moreno con la política de Correa de encarcelar a la oposición o extenderá una rama de olivo a los ciudadanos preocupados? Los mandantes enviaron un mensaje claro. Queda por ver si el gobierno escucha.

By N. H. Gill
Feb. 19, 2018